Los males y errores de la Prensa en España

17 de diciembre de 2009

La FAPE hace una radiografía de los males de la Prensa en España. Es demoledora. Merece la pena que la leais y dejar vuestras experiencias si os apetece. Seguro, seguro, seguro, que hay más. Quizá falta añadir que gran parte, una gran parte de la culpa, es nuestra y soplo nuestra.



La FAPE defiende la concesión limitada de ayudas a los medios de comunicación, pero no puede secundar la financiación pública de los medios privados de forma arbitraria, partidistas e interesa, como se constata en la actualidad, de acuerdo a prácticas perniciosas extendidas en todas las administraciones y empresas públicas, ya sean estatales, regionales o locales:

-Ayudas a cambio de publirreportajes encubiertos: las instituciones firman convenios por los cuales otorgan una cantidad de dinero a cambio de informaciones favorables, lo que constituye propaganda política disfrazada de información, conculcando todos los principios de deontología profesional y de transparencia que debe imperar en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas.

-Inversiones publicitarias públicas sin criterios objetivos ni seguimiento en su resultado (Campañas de inversiones publicitarias para dar a conocer realizaciones en infraestructuras, proyectos educativos, medioambientales, sanitarios, fomento de lenguas vernáculas, etc..), sin valorar la tirada, penetración, difusión, distribución territorial o situación empresarial de los medios en los que se insertan estas campañas, contratadas sin atenerse a la normativa legal vigente.

-Apoyo económico a nuevas cabeceras ligadas empresarialmente a las tradicionales, casi siempre bajo la modalidad de gratuitos, con escasa incidencia en el mercado y que nacen exclusivamente para recibir subvenciones, ayudas e inversiones publicitarias.

-Subvenciones directas, sin convocatorias públicas, a fundaciones o entidades ligadas a medios de comunicación para la celebración de todo tipo de actividades no directamente relacionadas con la comunicación y cuyo fin es financiar indirectamente a los medios de comunicación, a cambio de un trato de favor.

-Compra masiva de tiradas con destino incierto, que, en la mayoría de los casos, no tienen destinatario.

-Inexistencia de una Ley que regule, claramente, el sistema de inserciones publicitarias con arreglo a criterios objetivos y las ayudas a los medios de comunicación mediante convocatorias públicas.

-Constatación fehaciente de la existencia de criterios políticos y partidistas en la contratación de publicidad y concesión de ayudas a los medios de comunicación por parte de las administraciones y empresas públicas.

-Falta de un compromiso firme y profesional de los propios medios de comunicación en la aceptación de publicidad, publirreportajes y ayudas públicas de todo tipo sin someterla a criterios marcados en los códigos éticos de la profesión periodística.

Propuestas para un Plan de Ayudas a los medios de comunicación

1º.- Cualquier Plan de Ayudas debe incorporar como compromiso esencial la defensa del trabajo, de empleos con calidad y dignidad profesional. Plan de ayudas y rescisiones de contratos de trabajo no pueden ser compatibles. Las ayudas deben tener como objetivo y condición necesaria el mantenimiento del nivel de empleo y de la calidad profesional.

2º.- Establecer un Plan de Ayudas públicas en forma de créditos, de aplazamiento de cuotas sociales, de apoyo a la difusión y a la formación para reestructurar el sector, con arreglo a criterios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que debe exigirse a las administraciones publicas y con compromisos claros de todos los implicados, incluidos los editores, teniendo como contrapartida el compromiso de editores y periodistas con la autorregulación profesional, la defensa de la independencia, la autonomía y profesionalidad de los medios en base a una deontología digna, decente, que recupere las reglas del oficio y los fundamentos del periodismo profesional.

3º.- Eliminar los convenios que actualmente se firman entre las administraciones y/ o empresas públicas y empresas de comunicación con criterios arbitrarios y no sometidos a la normativa legal vigente en materia de publicidad y patrocinio.

4º.- Las ayudas públicas a los medios de comunicación deben otorgarse para un fin cuantificable, que responda a criterios establecidos por Ley: proyectos para la mejora de la producción, mejoras tecnológicas, cualificación del personal, mantenimiento del empleo, salida de una crisis extrema, respetando siempre los criterios citados de transparencia, publicidad y libre concurrencia.

5º.- Los criterios de inserción de publicidad institucional deben regularse, por Ley, atendiendo a criterios de tirada, penetración, difusión, cobertura territorial, situación laboral y financiera de la empresa y con arreglo a los criterios que rigen la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Publicidad y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que son incumplidas sistemáticamente por las propias administraciones estatal, autonómicas y locales.

6º.- Denegación de ayudas públicas a medios que inserten publicidad pornográfica, los llamados anuncios de “relax” que han proliferado en los últimos años en la prensa española.

7º.- Creación de un organismos público, autónomo, compuesto por las organizaciones profesionales de periodistas y representantes del sector, editores, publicistas y consumidores, que tenga por finalidad emitir informes vinculantes para la Administración Pública ante posibles denuncias de uso indebido de la publicidad institucional.

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